En medio de una fuerte crisis económica y energética impulsada por el creciente asedio de los Estados Unidos, Cuba anunció un paquete de 176 reformas económicas que la prensa occidental caracteriza como una «apertura al capitalismo» y un «viraje al libre mercado».

Entre las «transformaciones», cómo las llama el gobierno cubano, las empresas públicas se convertirán en sociedades mercantiles, se abre la banca al capital privado, se permitirá que pequeñas y medianas empresas contraten a más de 100 personas, que una persona pueda tener más de una empresa, devaluaciones de la moneda nacional, entre otras cosas. Es un paquete de reformas extenso y de gran impacto.

El gobierno estadounidense ha dejado en claro su interés de un cambio en las políticas de la isla comunista, y las reformas parecen no ser suficientes para Washington. En otra acción más de presión contra Cuba, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció sanciones contra cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al conglomerado económico del ejército cubano Gaesa.

Ante el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel recordó que las «transformaciones» responden a una situación de crisis acumulada durante años y agravada por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, así como por los efectos de la pandemia de Covid-19.

Para Díaz-Canel, las «transformaciones» son un proceso necesario para fortalecer la economía, incrementar la capacidad productiva y preservar las conquistas sociales.

El gobierno cubano destaca que los cambios son resultado de un amplio proceso de consulta popular en el que participaron casi dos millones de personas en más de 98,000 reuniones. Resaltan los objetivos de «incrementar exportaciones, atraer inversión extranjera, el estimulo a remesas y el impulso al comercio electrónico» teniendo foco en la producción nacional, enfatizando «la agricultura y el autoabastecimiento municipal» para garantizar alimentos, sin dejar de lado la transición energética y el uso de fuentes renovables.

El medio estatal Granma destaca la intervención de la doctora Ana Bárbara González Espinoza quien alertó sobre «incertidumbre» en la aplicación de las reformas y advirtió que «los incrementos salariales, si no van acompañados de cambios estructurales, podrían incidir en la inflación y en el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados».